Si los responsables de Cuevana, Taringa, The Pirate Bay, Rojadirecta, entre muchos otros sitios infringen o no las leyes de Propiedad Intelectual vigentes, es un asunto discutible y que será objeto de litigios y acalorados debates en lo sucesivo. Pero es importante tener presente que, además del público como nosotros y los sitios cuestionados, están los titulares (dueños) de los derechos de autor, directos beneficiados por las leyes de propiedad intelectual y cuya conducta comercial y legal es una clara señal de cómo el sistema vigente en esta materia no es capaz de equilibrar los intereses en juego.
Bastante difusión han tenido las noticias provenientes de Argentina (ver , , ) en materia de derechos de autor y bloqueo de contenidos en Internet, a propósito del caso Cuevana. La discusión, sin embargo, va en distintas direcciones, y es necesario aclarar qué es lo importante desde el punto de vista de los intereses públicos involucrados.
La legalidad y legtimidad moral que tendría la conducta de los creadores de Cuevana, lleva a centrar el foco en asuntos tales como si suben las series, si lucran con contenidos ajenos, si la conducta es válida, o si cometen o no un ilícito. Sin embargo, desde la perspectiva del interés público, el verdadero problema es cómo conciliamos y decidimos entre distintos derechos humanos en juego, sin caer en reduccionismos o simplificaciones.
Una idea bastante extendida, pero equivocada, es que en una democracia como la chilena no existen atentados a la libertad de expresión en Internet. Que eso es para dictaduras o gobiernos lejanos. Sin embargo, de manera contraria a esa poco informada visión, en los últimos días hemos visto en la prensa un caso elocuente sobre cómo se puede utilizar abusivamente derechos de propiedad intelectual teniendo por objeto la censura de discursos en Chile. Se trata claro, de formas de censura menos violentas pero con los mismos resultados.
Breve síntesis del caso: Una empresa que es titular de la marca y del producto por todos conocido como , ha presentado diversas acciones legales contra el equipo detrás de la película en producción llamada , por un supuesto uso indebido de marca, tanto en la inscripción de su nombre de dominio , como una querella por el uso del nombre .
Sin sorpresas. En el clásico informe anual que elabora el USTR, Chile junto a China, Rusia, Argelia, Argentina, Canadá, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Tailandia y Venezuela, integran el listado de países que, en su opinión, no respetarían adecuadamente los intereses de las industrias norteamericanas titulares de derechos de propiedad intelectual.
Si bien en este informe Estados Unidos reconoce una serie de importantes avances que Chile ha realizado en la materia, estas medidas parecen ser insuficientes para cambiar de categoría a nuestro país, demostrando una vez más la parcialidad y deslegitimidad del informe comercial.
Imagínese estar ocho o más horas al día bajo la vigilancia de un “Gran Hermano” que puede controlar todas sus actividades, por medios de vigilancia tales como cámaras, software que permita supervisar su actividad en el PC, micrófonos y otros dispositivos similares. Lamentablemente, no es tan necesario imaginarlo, porque dicho escenario ya existe en varios lugares de trabajo, que terminan pareciéndose a un campo de concentración donde el paradigma que rige es el control y la vigilancia.
La vigilancia en el lugar de trabajo puede servir de método de control y medición de las labores desempeñadas, pero también es susceptible a convertirse en una herramienta que facilite la vulneración de nuestros derechos fundamentales.
En el contexto de las reformas a la Ley de Propiedad Intelectual (info , , ), y en vista de lo pobres que han resultado ser sus argumentos y lo triste de sus batallas, a algunos no les queda otra que irracionalizar el debate y tratar de sacar lo peor de nosotros mismos para que nos sumemos a sus posturas. Derechamente, algunos tratan de despertar un lado oscuro y resentido que apunta directamente a ensuciar la discusión y confundir todo, para dejarnos en la oscuridad y entorpecer el debate.
La neutralidad en la red a efectos práctios significa nada mantener la internet como una red multipropósito que gracias a tcp/ip da la misma prioridad a todos los datos que pasan por ella y que es más una plataforma que un medio de comunicación. Sin embargo, existen algunos incentivos perversos para que las empresas de telecomunicaciones no cumplan con ese simple principio de abstenerse de meter mano a los datos, que son:
1.- Privilegiar cierta clase de contenidos (ya sea porque o están integrados con una compañía de medios o servicios determinada, les pagan o porque les cobren en un futuro) que se traduce en ingresos económicos.
2.- Impedir cierta clase de contenidos o tráfico (torrent, ares, la mula, limewire, usenet), que, casualmente, son los que más usan la infraestructura de red y las velocidades prometidas, por lo que pueden saturar sus redes y afectar la capacidad de ofertar a más gente velocidades que no podrían sostener a todos sus clientes.
3.- El riesgo que los proveedores de contenido demanden a los ISP’s por las violaciones al copyright de los usuarios.
En ese escenario, nuestro país se encuentra a un paso de ser el primer estado en promulgar una ley que consagra como principio la Neutralidad en la Red, que no voy a entrar a explicar pero pueden verlo en .
El pasado mes de noviembre, el Knesset (parlamento) de Israel, aprobó una nueva legislación de Derechos de Autor (copyright), que comenzará a surtir efecto en el mes de Mayo del presente año.
En esta nueva ley, se optó por una excepción general de Fair Use que permite la utilización sin necesidad de autorización del titular de obras protegidas, para estudio privado, investigación, reseña, cita, educación, reseñas noticiosas, entre otros, determinados por cuatro factores que servirán como criterio para que los tribunales evalúen y afinen criterios sobre la pertinencia o no de estas utilizaciones.
De esta forma, Israel pasa de tener un catálogo cerrado de excepciones a uno abierto y más flexible, que en los EE.UU. ha dado pie a la creación de excepciones por vía judicial que han permitido un régimen de Copyright adaptable y que busca un balance entre las restricciones que impone el Copyright y el necesario acceso que necesitan las personas y empresas a dichas obras para fines legítimos.
